La España docente se rebela en la calle y pide apoyo a las familias: "Tienen que cuidarnos, estamos educando a sus niños"

En los últimos meses ha habido huelgas, paros y/o manifestaciones docentes en media España porque el profesorado, desde Infantil hasta el Bachillerato, está harto de las condiciones en las que ejerce la profesión y lo que recibe a cambio. Cuentan los educadores que perciben que la sociedad no valora su labor, un intangible que puede que no saque a nadie a la calle, pero mina el ánimo, y no poco. “Tienen que cuidarnos un poco más, especialmente algunas familias”, pide Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama, en Madrid, “a fin de cuentas estamos educando a sus niños, hacemos un muy buen trabajo para la sociedad”. Profesores y maestros salen a la calle o se encierran en centros para protestar por las condiciones materiales e inmateriales en que trabajan por todo el país. Hay problemas generales y problemas particulares en algunos territorios o etapas, pero todos llevan a la misma conclusión: la docencia se ejerce en condiciones cada vez peores y, en los últimos años, Lomloe mediante, la situación se ha vuelto más complicada porque la ley exige una atención individual al alumnado difícil de cumplir. El exceso de estudiantes por aula, las horas lectivas semanales, los salarios, la temporalidad de buena parte de las plantillas, que además tiene peores condiciones, o la interminable burocracia aparecen en todas las encuestas como los principales problemas del día a día del colectivo; las familias contestatarias o incluso que acuden a las reuniones con tutores con abogados, la gestión emocional del alumnado, controlar las crecientes conductas autolíticas en los centros, el acoso, los móviles y las redes sociales, junto a una sensación de abandono de la educación pública en algunas comunidades autónomas completan un frente de batalla demasiado grande para gestionar. Y los docentes, cansados, salen a protestar. El descontento es tan generalizado que ha conseguido que sindicatos de ideologías contrarias se pongan de acuerdo para cerrar acciones reivindicativas. Desde las mareas verdes, que inundaron las calles contras los recortes la década pasada, no se manifestaba tanto hartazgo. En un sector que ya tiene problemas para atraer a profesionales, sobre todo en determinados perfiles técnicos, uno de cada cinco profesores de Secundaria se plantea dejarlo, según una macroencuesta a docentes. Uno de cada seis sufre altos niveles de estrés. De Catalunya a Galicia En Catalunya hubo hace un mes una manifestación histórica bajo el lema ¡Basta! ¡Mejoras laborales ya! A la educación: más salarios, más recursos, menos ratios, menos burocracia; miles de personas salieron a la calle en Zaragoza en defensa de la educación pública a principios de año tras tres días de huelga; hace un año el profesorado vasco le echó un pulso de cinco días al Gobierno autonómico y lo ganó; Galicia va a por el sexto día de huelga en lo que va de curso para reivindicar mejoras de las ratios, atención a la diversidad o la recuperación de derechos perdidos la década pasada; los docentes cántabros también sacaron rédito de una huelga en octubre seguida de paros este 2026; sus colegas asturianos exigieron mejoras con una huelga el pasado verano. En Extremadura el profesorado salió a la calle para pedir una equiparación salarial con otras comunidades en un aspecto que provoca gran fricción según dónde: las diferencias en las nóminas entre regiones pueden llegar hasta los 700 euros al mes. Este mismo viernes los principales sindicatos valencianos amenazan con darle continuidad a la huelga del pasado 31 de marzo con más paros. En Madrid la comunidad educativa lleva como mínimo un par de años protestando por cuestiones varias y estos días las educadoras de infantil, las trabajadoras más precarias de todo el sector educativo, están llevando a cabo una huelga indefinida porque no pueden más. Y eso sin contar al sector universitario, en guerra abierta con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Todos ellos, de infantil a la universidad, salen a la calle este domingo en la capital a decirle a la mandataria lo que piensan de su política educativa. En Castilla-La Mancha también ha habido protestas recientes. El Ministerio de Educación tiene un margen de actuación limitado porque las competencias son autonómicas, pero sí está en su mano sacar adelante el estatuto docente, una norma que regule la carrera (ahora mismo no existe nada), la formación inicial, continua, el acceso y otras condiciones como las horas lectivas o las ratios (luego los Ejecutivos autonómicos pueden mejorar esos mínimos). El anterior equipo ministerial, liderado por Pilar Alegría, abrió ese melón (tampoco era voluntario, estaba establecido en la ley) que continúa la actual responsable, Milagros Tolón, y está tramitando en el parlamento una bajada de las ratios y las horas lectivas, aunque aprobó el primer borrador en noviembre y no se ha vuelto a saber. Todo va muy despacio. Las negociaciones empezaron en enero de 2025 y los docentes aún no tienen nada que echarse a la boca, recuerda García. “La legislatura del profesorado”, como la definió el Gobierno, amenaza con concluir a medias. ¿Qué está pasando? ¿Se ha deteriorado tanto la situación o simplemente el goteo de agravios sentidos ha acabado por desbordar el vaso? En los últimos meses se suceden los estudios y encuestas que tratan de dar respuesta a la cuestión. CCOO habla de aulas más complejas y menos recursos; STES de burocracia, aulas masificadas y faltas de respeto, el think tank EsadeEcPol añade un peor clima de aprendizaje, salarios estancados o falta de políticas públicas específicas. Además, según avanza el curso más se nota el agotamiento. “Está pasando que la complejidad en las aulas ha aumentado”, resume Teresa Esperabé, secretaria de la Federación de Educación de CCOO. “En los últimos seis años el alumnado con necesidades educativas especiales ha subido un 75, pero los recursos un 25. Hay una sobrecarga de trabajo que, unida al paso de los años y la falta de inversión de las comunidades autónomas, conforman una tormenta perfecta para que exista ese malestar”, opina. Su homóloga Beatriz García, de UGT, habla de “maltrato” a los docentes y recuerda que son el único grupo de funcionarios que no ha visto una reversión total de los recortes que empezaron en 2010 a raíz de la crisis de hipotecas. “Pasa el tiempo y no se avanza en nada. Hay mucha voluntad de poner en marcha nuevas normas y decretos que avancen en nuevas y mejores condiciones para el profesorado, la gratuidad del 0-3, etc., pero los pasos que se dan son muy pequeños. Dos para delante y tres para atrás”, sostiene. La directora Rocha hace especial hincapié en la burocracia, y señala directamente a la Lomloe. La ley educativa, aprobada en 2021 como respuesta a la segregadora Lomce del PP, propone una atención individualizada que, según Rocha, “ha cambiado la realidad del profesorado”. “Hay que atender de forma individualizada la diversidad en el aula, dice la ley, y la diversidad es enorme. Hay problemas de salud, de conducta, de aprendizaje... que hay que atender a todos de forma diferenciada y, después, hacer el preceptivo informe. Nos vemos un poco desbordados para atender a cada alumno como requiere la ley, no tenemos tiempo”, cuenta. Faltan recursos para atender todo lo que la ley pide, coincide Esperabé. “Falta personal de apoyo educativo, orientador, de enfermería”, sostiene. En Madrid, por ejemplo, no hay un solo centro que tenga la plantilla completa, según denunciaron los directores hace unos meses. Esta falta de personal no es óbice para que las tareas de los docentes se multipliquen, recuerda Rocha, y los docentes sienten que les caen “todos los problemas que la sociedad no consigue resolver”: “Si hay un problema de alumnado con drogas tenemos que solucionar el problema de las drogas con la juventud. Si hay problemas de conductas autolíticas también tenemos que ocuparnos de eso. Tenemos que educar a los niños en el uso del móvil, de las redes sociales, que hagan un buen uso de la Inteligencia Artificial, ahora nos tenemos que ocupar de que los niños coman bien...”. Y sienten que a cambio no reciben lo que merecen, desde un cierto reconocimiento social hasta un salario acorde. “No es medible”, concede Esperabé, “pero ese papel y reconocimiento docente que antes estaba ahí ahora ya no”, asegura. Rocha coincide en que las familias –no todas, sí muchas– han perdido el respeto al profesorado y lo que antes era un apoyo incondicional ahora es defender al hijo sí o sí, cuando no se presentan con un abogado, casos no muy habituales, pero que se empiezan a dar, asegura. “Cuestionan nuestro trabajo, cuestionan las sanciones, se pone en duda la palabra del profesor... Esas actitudes socavan mucho el ánimo y el bienestar emocional del profesorado. Y hablamos mucho del bienestar del alumnado, pero ¿y los profesores? De eso no se habla, pero cada vez hay más bajas por esta cuestión”, sostiene. Raro es el docente que no conoce a algún compañero que haya estado de baja por estas razones. “Tienen que cuidarnos un poco más, hacemos muy buen trabajo para la sociedad”, cierra Rocha.